Marcelo López Ortíz, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, fue consultado por Nord24 sobre los alcances del proyecto de ley conocido como de “desalojo exprés”, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el pasado 6 de agosto. El dirigente aclaró que la iniciativa aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados y, de aprobarse, recién se convertirá en ley.
López Ortíz explicó que uno de los puntos de mayor interés para el sector inmobiliario es el capítulo referido al desalojo y la restitución de inmuebles, que busca acelerar los procesos de recuperación de propiedades cuando corresponda legalmente. También mencionó aspectos vinculados con el régimen de expropiaciones, los criterios de indemnización y la protección del patrimonio, además de la previsibilidad que estas modificaciones podrían generar para propietarios e inversores.
Respecto de las dificultades actuales, señaló que los procesos de desalojo pueden extenderse durante períodos prolongados. Si bien recordó que las modificaciones al Código Civil implementadas entre 2023 y 2024 incorporaron un sistema monitorio que puede agilizar determinados procedimientos, explicó que los plazos también dependen del criterio de cada juzgado. La eventual aceleración de las restituciones, sostuvo, permitiría reducir el riesgo percibido por los propietarios, tanto en viviendas como en locales comerciales.
El titular de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes también destacó el impacto que una mayor seguridad jurídica podría tener sobre las decisiones de inversión. Según explicó, contar con mayor previsibilidad respecto de los activos inmobiliarios constituye un factor relevante para operaciones de compra y desarrollo. En ese sentido, consideró que el proyecto aborda cuestiones directamente relacionadas con la confianza del mercado y la protección efectiva del derecho de propiedad.
Finalmente, López Ortíz remarcó que se trata de un proyecto con media sanción y no de una ley vigente. Por ello, sostuvo que desde la Cámara Inmobiliaria seguirán de cerca el tratamiento legislativo, el texto definitivo que eventualmente apruebe Diputados y la posterior reglamentación del Poder Ejecutivo. “Es importante que cualquier comunicación institucional evite presentar reformas como vigentes hasta que finalice el trámite legislativo”, señaló.
