El Gobierno nacional busca elevar esa barrera al 25% para inversores privados, aunque mantendría controles sobre Estados extranjeros y empresas estatales.
El abogado Mauro Sarasua aclaró en declaraciones a Nord24 que no existe una nueva Ley de Tierras, sino un proyecto impulsado por el Gobierno dentro de la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La norma vigente que regula la materia sigue siendo la Ley 26.737, que protege el dominio nacional sobre las tierras rurales y establece que el 15% del territorio nacional puede estar en manos de extranjeros, un tope que se replica a nivel provincial y departamental. Dentro de ese porcentaje, una misma nacionalidad no puede superar el 30% y, como regla general, un extranjero no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones, además de existir restricciones especiales sobre tierras con recursos hídricos y zonas de seguridad de fronteras.
La idea original del Poder Ejecutivo era liberalizar fuertemente la compra de tierras rurales por extranjeros privados, argumentando que los límites actuales constituyen una barrera para la inversión y el desarrollo de proyectos productivos, especialmente en sectores como el forestal y otras regiones del país. Sin embargo, el proyecto fue objeto de negociaciones y modificaciones parlamentarias que alteraron sustancialmente su alcance inicial.
El enfoque del Gobierno planteaba una diferenciación central: menos restricciones para el capital privado extranjero y mayores controles para Estados extranjeros o empresas controladas por ellos. De la idea inicial de liberar por completo la compra, el debate legislativo derivó en una propuesta de elevar el límite del 15% al 25%, lo que generó complicaciones en las últimas semanas respecto al porcentaje final y al cumplimiento efectivo del régimen actual en regiones del interior, donde surgieron denuncias sobre superaciones de los topes establecidos.
Hoy, la Argentina sigue limitando la extranjerización de tierras rurales. Lo que propone el Ejecutivo es modificar ese esquema para facilitar el acceso de inversores privados extranjeros, pero mantener o incluso reforzar los controles cuando detrás de la operación exista un Estado extranjero o sociedades bajo su control, en una definición que busca diferenciar el capital privado del capital estatal en el acceso al suelo productivo nacional.
