Prestadores de discapacidad atraviesan una situación crítica por falta de pagos desde 2025, endeudamiento creciente y riesgo de cierre de servicios esenciales.
En declaraciones a la Redacción de Radionord, Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sector y convocó a la movilización “Con la discapacidad no”, que se realizará el miércoles 22 de abril a las 20 horas en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria forma parte de una jornada nacional en la que distintas provincias alzarán la voz frente a lo que consideran una crisis insostenible en el sistema de atención a personas con discapacidad.
Delgado explicó que la emergencia impacta de lleno en los prestadores, muchos de los cuales llevan meses sin cobrar. “Hay prestadores que no perciben sus pagos desde marzo, septiembre u octubre de 2025, y a eso se suma todo 2026”, señaló, describiendo un escenario de asfixia económica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y, por ende, el cumplimiento de derechos básicos. La falta de pagos, indicó, afecta tanto a instituciones como a profesionales independientes.
Uno de los sectores más golpeados es el del transporte, considerado clave para garantizar el acceso a terapias. Según detalló, numerosos transportistas están vendiendo sus vehículos para poder subsistir, mientras centros e instituciones cierran sus puertas. A esto se suma el endeudamiento creciente: entidades con décadas de trayectoria recurren a créditos reiterados para sostenerse, generando una cadena financiera que calificó como “totalmente insostenible”.
La referente también cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, denominado “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, al considerar que estigmatiza a las personas con discapacidad y no resuelve los problemas de fondo. La iniciativa plantea un reempadronamiento general y cambios en el sistema de prestaciones, lo que genera incertidumbre en familias y prestadores. Frente a este panorama, Delgado insistió en la necesidad de regularizar los pagos, saldar deudas y garantizar políticas sostenidas: “No queremos que los derechos pasen a ser un privilegio”, concluyó, invitando a toda la comunidad a sumarse a la movilización.
