En contacto con la Redacción de Radionord, Marcela Kriskovich, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, expresó el profundo rechazo al proyecto de ley impulsado por el ministro de Salud, Mario Lugones.
La iniciativa, titulada oficialmente “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca auditar y reempadronar a más de un millón de beneficiarios bajo la premisa de detectar irregularidades. Sin embargo, para Kriskovich, el texto oculta un ajuste feroz: “Este reempadronamiento es ilógico y cruel porque amenaza con bajas masivas de pensiones, vulnerando la Ley 24.901 y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
El proyecto enviado al Senado propone un cambio de paradigma regresivo: abandona el criterio de “protección social” para volver al de “invalidez laboral”, exigiendo que la persona esté totalmente imposibilitada de trabajar para percibir el beneficio. Kriskovich advirtió que esto genera una barrera burocrática inhumana, ya que obliga a las familias a costear historias clínicas y estudios médicos en un sistema de salud colapsado. “Muchas familias van a tener que pagar estudios que no son nada baratos mientras el programa Incluir Salud está cortado”, denunció, subrayando que la medida castiga la autonomía económica al prohibir la compatibilidad entre la pensión y cualquier empleo formal.
Otro eje de conflicto es la intención del Gobierno de desregular el Nomenclador Nacional, la herramienta que hoy fija aranceles únicos para terapias, transporte y centros de día en todo el país. El proyecto de Lugones permitiría que cada obra social o provincia negocie sus propios valores, lo que fragmentaría el sistema y dejaría a miles de pacientes sin atención por falta de pago. “Si hoy ya cuesta cobrar, imagínense si cada obra social pone el valor que se le ocurre; el sistema va a igualar hacia abajo y los más vulnerables quedarán excluidos”, puntualizó la dirigente, alertando sobre el inminente cierre de más centros de atención.
La situación financiera de los prestadores es calificada como “caótica”. Kriskovich reveló que, de una serie de 490 expedientes de reclamo presentados recientemente ante PAMI e Incluir Salud, solo se han liquidado 25, lo que evidencia una ruptura total en la cadena de pagos. Este escenario de asfixia económica, sumado a un proyecto que busca recortar beneficios, ha llevado al sector a un punto de no retorno. “La gestión actual, en vez de avanzar en derechos, decide retroceder y destruir un colectivo que ya está muy golpeado”, sentenció con angustia la representante de los prestadores.
Ante lo que consideran un plan de desmantelamiento de la discapacidad, la organización convocó a una movilización para este miércoles 22 de abril a las 20 horas frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza 25 de Mayo de Corrientes. Kriscovich instó a los senadores a no votar contra la Ley de Emergencia y pidió el apoyo masivo de la comunidad para frenar el ajuste. “La discapacidad no te avisa por WhatsApp; necesitamos que la sociedad nos acompañe para que el Gobierno deje de ser tan cruel y tenga un poco de humanidad”, concluyó.
Contexto: ¿Qué busca el proyecto de ley de Mario Lugones?
El proyecto de ley “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” presentado por el Ministerio de Salud ante el Senado de la Nación establece:
-Reempadronamiento masivo: Obliga a todos los titulares a revalidar su condición en un plazo perentorio de 90 días bajo riesgo de baja automática.
-Incompatibilidad laboral absoluta: Quienes consigan un empleo registrado perderán la pensión, eliminando los incentivos de inclusión laboral vigentes.
-Fin del Nomenclador Único: Desmantela el sistema de aranceles nacionales, permitiendo que las provincias y obras sociales negocien valores de forma descentralizada.
-Ajuste del haber: Fija el monto en un 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales por zona desfavorable o grados específicos de invalidez.
