Prestadores de discapacidad y familias celebraron el fallo judicial que ordena normalizar pagos de PAMI e Incluir Salud.
La Justicia Federal de Córdoba ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud restablecer en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a prestadores de discapacidad de todo el país, en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. La resolución fue celebrada por familias y prestadores que desde hace meses denuncian atrasos, suspensión de tratamientos y una profunda crisis en el sistema de atención. En declaraciones a la Redacción de Radionord, Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad, quien hace meses viene luchando por las demoras en los pagos de PAMI e Incluir Salud, calificó la decisión judicial como “un paso muy importante porque reconoce la gravedad de la situación que estamos atravesando”.
Delgado expresó que las familias mantienen la expectativa de que el fallo se cumpla de manera inmediata y permita garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales. “Detrás de cada retraso hay tratamientos, transportes, acompañamiento y atención de muchísimas personas de todo el país”, sostuvo. Además, remarcó que el reclamo no busca beneficios extraordinarios, sino el cumplimiento efectivo de derechos básicos para miles de personas con discapacidad. “Queremos creer que esta resolución puede abrir una instancia de respuestas concretas para el sector”, agregó.
Según explicó, desde el Estado nacional las demoras fueron justificadas por procesos de reorganización administrativa, auditorías internas, actualización de convenios y el traspaso de programas tras el cierre de la ANDIS y su incorporación al Ministerio de Salud. Sin embargo, tanto las familias como los prestadores denuncian que esos procedimientos burocráticos terminaron paralizando pagos y generando incertidumbre sobre la continuidad de las terapias, medicamentos y servicios esenciales. “Mientras se habla de reorganización, miles de personas con discapacidad siguen esperando respuestas concretas”, afirmó Delgado.
La referente también advirtió sobre la crítica situación económica que atraviesan los prestadores, muchos de los cuales acumulan deudas millonarias y debieron recurrir a créditos para sostener sus actividades. En ese contexto, destacó que la Justicia Federal fue clara al establecer que las prestaciones no pueden quedar suspendidas por cuestiones administrativas ni internas del Estado. “Lo que pedimos es que se respeten las leyes y que realmente se garantice la atención de las personas con discapacidad”, concluyó.
