En diálogo con Nord24, el abogado Matías Aquino Viudez detalla el fallo judicial que condenó a una automotriz por aumentos abusivos y falta de información en planes de ahorro.
La Justicia dictó un fallo ejemplar a favor de una consumidora tras un amparo presentado ante el aumento desproporcionado y desmedido de las cuotas de un plan de ahorro. En diálogo con Nord24, el abogado Matías Aquino Viudez explicó que el caso involucra a una adjudicataria que ya había recibido su vehículo, pero que, tras la devaluación del año 2018, sufrió incrementos extraordinarios que rompieron por completo el equilibrio del contrato. El letrado destacó que el juez basó su decisión en la falta de transparencia de la empresa, la cual emitía las liquidaciones sin informar previamente ni detallar los criterios ni las operaciones aritméticas utilizadas para actualizar el valor de las cuotas.
La investigación contable demostró que las subas aplicadas por la administradora fueron muy superiores a la inflación efectivamente registrada desde abril de 2018 hasta la fecha de la demanda. Ante estas pruebas, el magistrado determinó que la firma no brindó información clara y precisa, no advirtió sobre los riesgos existentes, no actuó con lealtad y gestionó de manera deficiente los intereses del grupo de ahorristas. Como consecuencia, el tribunal condenó a la empresa a devolver la totalidad de los gastos de administración cobrados desde 2018, a indemnizar a la damnificada por daño moral y a abonar una multa por daño punitivo como sanción ejemplificadora.
Aquino Viudez señaló que este escenario no es aislado, ya que los tribunales reciben de forma constante reclamos por incrementos abusivos, demoras judiciales en la entrega de unidades y severas dificultades para recuperar el dinero tras rescindir o renunciar a los planes. En estos últimos casos, las administradoras suelen retener los fondos hasta el cierre definitivo del grupo y los devuelven sin la actualización correspondiente. Asimismo, el abogado remarcó que existe una falta grave de información estructural sobre el funcionamiento del sistema, los costos de adjudicación y los riesgos reales que asumen los usuarios al ingresar a estos formatos comerciales.
El profesional analizó que la causa raíz de esta alta conflictividad radica en que el sistema de ahorro previo funciona razonablemente en economías estables, pero se rompe por completo en contextos de alta inflación o ante restricciones a la importación que afectan el stock de vehículos. Bajo estas condiciones críticas, el ahorrista queda en una posición de extrema debilidad jurídica y económica, debido a que ya aportó su capital durante años y pasa a depender arbitrariamente de la administradora tanto para recibir el bien como para intentar recuperar lo pagado.
