Ricardo Sosa, abogado penalista (M.P. 3941) dialogó con Nord24 sobre la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil y los cambios que establece en materia de imputabilidad. Según explicó, hasta el 4 de septiembre los menores podían ser imputados penalmente a partir de los 16 años, mientras que desde el 5 de septiembre la edad se redujo a los 14 años.
Sosa detalló que el nuevo régimen contempla que los menores no sean alojados en los mismos establecimientos que las personas mayores de edad y que cuenten con atención especializada de profesionales, entre ellos psicólogos y asistentes sociales. También remarcó que las penas para adolescentes no son equivalentes a las previstas para adultos: aun cuando se trate de delitos de extrema gravedad que para un mayor puedan contemplar prisión perpetua, en el caso de los menores la pena máxima será de 15 años.
En cuanto a las sanciones, el abogado explicó que la normativa establece distintas alternativas según la gravedad del delito. Entre ellas se encuentra la amonestación, que implica la convocatoria del menor a los tribunales junto con su defensor, el fiscal y sus padres o responsables, con el objetivo de advertirle sobre la conducta cometida. Esta medida puede complementarse con otras disposiciones, como la prohibición de acercamiento a la víctima.
El nuevo régimen también contempla otras medidas para determinados delitos, con una escala que puede involucrar penas de entre tres y diez años. En ese tramo, Sosa señaló que existe un margen de decisión para el juez respecto de la aplicación de una medida privativa de la libertad o de una alternativa, con intervención del fiscal. Para los casos de mayor gravedad, la pena de prisión puede alcanzar los 15 años.
Finalmente, al ser consultado sobre casos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, Sosa explicó que las leyes penales se aplican hacia adelante, salvo cuando una nueva disposición resulte más beneficiosa para el imputado. De esta manera, los hechos cometidos antes del 5 de septiembre no quedarían alcanzados por el nuevo régimen y continuarían bajo la legislación anterior, vigente desde 1980 hasta el 4 de septiembre.
