En diálogo con Radionord, la prestadora de discapacidad Gisela Repetto advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector, afectado por atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y la interrupción en la cadena de financiamiento.
Repetto, directora de un centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual (ADID) , describió un escenario “límite” que compromete la continuidad de las prestaciones. “Hoy el sistema de discapacidad está en una situación crítica por los atrasos y porque los valores quedaron muy desactualizados. Durante todo un año no hubo actualización del nomenclador”, explicó.
Según detalló, los retrasos en los pagos varían según la obra social, pero en muchos casos superan los 90 días y pueden extenderse por varios meses. En el caso del PAMI, la situación se agravó a comienzos de año: “En enero se cortó la cadena de pagos. Eso fue devastador. Una cosa es cobrar tarde y otra es no cobrar directamente”.
La falta de ingresos impacta de lleno en el funcionamiento de las instituciones. Repetto señaló que aún no han podido completar el pago de salarios correspondientes a febrero y que sostener el servicio se vuelve cada vez más difícil. “Los jóvenes pasan el día acá, comen, meriendan. Hay gastos constantes, sueldos, servicios. Es muy complicado sostener todo”, indicó.
El problema también alcanza a otros actores del sistema, como los transportistas, quienes —según afirmó— reciben tarifas que no cubren los costos básicos. “Les pagan alrededor de 500 pesos por kilómetro, no alcanza ni para el combustible”, ejemplificó.
Frente a este panorama, muchas instituciones recurren a estrategias de emergencia para seguir funcionando. En el caso del centro que dirige Repetto, las familias colaboran con donaciones de alimentos y artículos básicos, mientras que el personal organiza actividades para recaudar fondos. “Vendemos empanadas, hacemos locro. Es una red solidaria para no cerrar”, contó.
La incertidumbre también se traslada a la relación con los organismos responsables. “Nos dicen que están esperando fondos del Ministerio de Economía. Cambiaron el sistema de pagos y ahora ni siquiera sabemos qué nos van a pagar o cuándo”, explicó.
El impacto de la crisis no solo afecta a las instituciones, sino también a las familias. “Están muy angustiadas. Este centro tiene 60 años y existe el miedo real de que cierre”, advirtió Repetto. Además, señaló que muchos beneficiarios enfrentan recortes en pensiones y dificultades para acceder a medicamentos.
En ese contexto, desde el sector reclaman medidas urgentes para evitar el colapso del sistema. “Es una situación desesperante. Si no se regularizan los pagos, muchas instituciones no van a poder seguir”, concluyó.
