El desalojo de 40 familias en el Barrio Universitario de Corrientes Capital permanece en suspenso mientras el Superior Tribunal analiza un recurso extraordinario federal.
Según el doctor Luis María Rey, abogado de la familia Bernasconi, explicó en Radionord que el juicio de desalojo se remonta al año 2008, mientras que el proceso de prescripción adquisitiva iniciado en 2010 aún no tuvo sentencia definitiva. “El juicio de prescripción adquisitiva nunca todavía no salió sentencia y ahora sale sentencia en este definitivo en este juicio de desalojo”, detalló Rey, destacando la complejidad de los expedientes que involucran a múltiples compradores y la familia Montero como demandada.
El abogado aclaró que las familias afectadas carecen de título de propiedad válido, ya que los inmuebles fueron adquiridos a un vendedor que nunca fue propietario legalmente. “No tienen informe al registro de la propiedad, el catastro, ni escritura pública; solo compraron derechos litigiosos”, señaló Rey. Además, cuestionó la validez de los fallos judiciales previos, que en algunos casos habían respaldado la permanencia de los ocupantes basándose en un boleto de compraventa que luego se determinó era falso.
Actualmente, el juicio de desalojo se encuentra en suspenso debido a un recurso extraordinario federal presentado por los afectados ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Según Rey, la Corte provincial debe definir la admisibilidad del recurso antes de que el caso pueda avanzar, lo que mantiene la situación de las familias en un limbo legal. “Este fallo es definitivo, pero si los interesados desean continuar pueden hacerlo mediante los recursos correspondientes”, explicó el abogado.
El conflicto también tiene un trasfondo familiar, ya que algunos ocupantes fueron autorizados a residir en las viviendas como cuidadores de los terrenos, bajo un acuerdo de comodato. Rey destacó que la familia Bernasconi presentó denuncias penales por la utilización de boletos de compraventa falsos, lo que derivó en el procesamiento de uno de los vendedores implicados. Mientras tanto, las 40 familias permanecen a la espera de una resolución definitiva que determine su situación legal en los terrenos del barrio Universitario.
