Juan Saucedo, abogado de la familia de Cecilia Lazcano, la joven asesinada en Alvear, cuestionó en diálogo con Nord24 el avance de la investigación y las decisiones adoptadas durante la audiencia del 28 de agosto.
Según explicó, en esa instancia se formalizó la imputación contra la menor identificada como NL y se realizó la audiencia de acusación, en la que se le atribuyó haber acordado previamente con JGL la comisión del crimen y la simulación de un suicidio.
La calificación provisoria es la de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, contemplado en el artículo 80, incisos 2 y 6, del Código Penal. Saucedo indicó que la querella solicitó la prisión preventiva de la menor por la gravedad del hecho y los riesgos de entorpecimiento de la investigación, entre ellos el presunto borrado de información de su teléfono, la existencia de evidencia digital pendiente de extracción y la posibilidad de que haya intervenido una tercera persona aún no identificada.
El abogado cuestionó que la jueza de Garantías, Claudia Montero, rechazara el pedido de prisión preventiva y dispusiera medidas alternativas. Aclaró que no se trata de un arresto domiciliario y sostuvo que la menor podrá estudiar y desarrollar una vida prácticamente normal en Santo Tomé, bajo el cuidado de su madre, con la obligación de avisar antes de salir de la ciudad y la prohibición de concurrir a Alvear. Saucedo también afirmó que la familia de Cecilia no fue escuchada inicialmente y que debió solicitar expresamente la participación de sus padres durante la audiencia.
La querella además impugnó la decisión de limitar la difusión de información sobre la identidad de los menores imputados y el avance de la causa. Saucedo consideró que esa medida constituye una restricción a la libertad de expresión de la familia y sostuvo que fue apelada de inmediato, por lo que el planteo será analizado por el Tribunal de Revisión. En ese marco, afirmó que la familia reclama igualdad ante la ley, información y explicaciones de las autoridades, y no privilegios.
Finalmente, Saucedo anticipó que la querella solicitará esta semana la recusación del fiscal Facundo Cabral y pedirá que una fuerza federal se encargue de la extracción y análisis integral de los teléfonos secuestrados. El abogado sostuvo que, a partir de lo observado hasta el momento, la familia no cuenta con garantías suficientes sobre la objetividad e independencia de la investigación y no descartó solicitar posteriormente la intervención de la Justicia Federal.
