En Radionord , el abogado Francisco Valenzuela, denunció una presunta maniobra de usurpación en una vivienda de San Luis del Palmar.
En este contexto, el conflicto se origina en una medida de restitución del inmueble ordenada por la jueza de familia Nora Infante, que dispuso la convivencia en una misma vivienda de la viuda del propietario fallecido junto a sus hijos y la otra parte involucrada, generando —según el abogado Francisco Valenzuela— una situación “inhabitable” que se agrava día a día; el letrado denunció episodios recientes de violencia, como la quema de pertenencias y un presunto brote psicótico de Ramona García de Segovia que habría requerido asistencia médica, y cuestionó la decisión judicial de disponer custodia policial permanente al considerar que “no resuelve el problema de fondo”.
Además, advirtió sobre demoras e irregularidades en la causa —actualmente en apelación— que, según indicó, mantiene el expediente “en un limbo” mientras continúan ocurriendo nuevos hechos, pese a las presentaciones y pruebas aportadas, y alertó sobre el impacto en la salud física y mental de los involucrados, remarcando que la convivencia forzada podría derivar en consecuencias graves si no se adoptan medidas urgentes.
Según detalló el letrado hoy a Radionord, el caso involucra a una familia que residió durante toda su vida en una casa donde criaron a sus hijos. En ese contexto, habrían dado hospedaje a un familiar que, tras un conflicto interno, realizó una denuncia por violencia familiar en el marco de la Ley Provincial 5019.Valenzuela sostuvo que dicha denuncia sería falsa y que fue utilizada como estrategia para ocupar la propiedad. “Se está disfrazando una usurpación mediante una denuncia de violencia”, afirmó, al tiempo que identificó a Ramona García de Segovia como una de las personas que actualmente ocupa el inmueble.El abogado también cuestionó duramente la actuación de la jueza de familia Nora Infante, a quien acusó de haber tomado decisiones sin realizar inspecciones previas ni evaluar las condiciones reales de la vivienda.
Según indicó, una resolución judicial permitió que ambas familias deban convivir dentro del mismo domicilio, en condiciones que calificó como “precarias e insostenibles”. En ese sentido, denunció que la propiedad habría quedado dividida de manera irregular, afectando espacios básicos como el baño y el comedor. Además, aseguró que se registraron hechos de violencia, daños materiales, cortes de luz y hasta incendios intencionales dentro del inmueble, situaciones que —según afirmó— ya fueron incorporadas al expediente judicial.
Respecto del avance de la causa, Valenzuela explicó que existen apelaciones en trámite ante instancias superiores, mientras que nuevos hechos continúan siendo presentados en el juzgado de origen. Sin embargo, denunció que no se han tomado medidas concretas para modificar la situación actual.También mencionó la intervención del camarista Curatola, aunque señaló que hasta el momento no hubo respuestas por parte del tribunal.Por otra parte, el abogado indicó que se aportaron al expediente registros audiovisuales que evidenciarían distintos episodios dentro de la vivienda, incluyendo situaciones vinculadas a la salud de una de las personas involucradas. No obstante, aseguró que estos elementos no habrían sido considerados de manera efectiva por la Justicia.“El panorama es decepcionante y frustrante tanto para la familia como para quienes intervenimos legalmente”, concluyó.
