La víctima fue identificada como José Javier Bechis, de 19 años. La muerte fue en noviembre de 2019 en una práctica de tiro del Ejército, en la localidad de Salinas del Bebedero.
Cuatro miembros del Ejército Nacional y un aspirante a soldado voluntario fueron condenados por la muerte de otro conscripto, ocurrida durante una práctica de tiro realizada en un polígono en San Luis. José Javier Bechis, de 19 años, falleció en noviembre de 2019, en la localidad de Salinas del Bebedero según informó el sitio Fiscales. En aquella ocasión participaban alrededor de 50 aspirantes a soldados voluntarios que realizaban ejercicios con fusiles FAL. La investigación determinó que el proyectil salió del arma asignada a otro aspirante, pero también que ese fusil atravesó distintos controles sin que nadie advirtiera que todavía tenía una munición alojada en la recámara.
Las recientes condenas fueron para el sargento Carlos Gustavo Lebrón, el cabo primero Sergio David Winter Morán y el cabo Enrique Martín Zárate, por incumplimientos relacionados con las funciones específicas que tenían asignadas durante la práctica. Los dos primeros recibieron una pena de un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, mientras que el tercero recibió dos años y diez meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial.
En mayo pasado, la jueza federal Gretel Diamante homologó un acuerdo de juicio abreviado con Elías Luciano Muñoz y Alejandro Agustín Díaz Garro, quienes admitieron sus responsabilidades penales. Muñoz, que tenía 18 años al momento del hecho y era aspirante a soldado voluntario, recibió tres años de prisión en suspenso por haber efectuado el disparo mediante una manipulación considerada “imprudente e imperita” del fusil.
Asimismo, fue inhabilitado durante cinco años para usar, portar o tener armas de fuego. En tanto, Díaz Garro, entonces teniente del Ejército, director de tiro y máxima autoridad de la jornada, recibió la misma pena de prisión y una inhabilitación de seis años por las omisiones de seguridad y supervisión atribuidas a su función.
