La medida del Gobierno nacional reabre el debate sobre el rol del Estado en la garantía de derechos y el control del cumplimiento por parte de las empresas.
En declaraciones a Nord24, el abogado Matías Aquino Viudez analizó la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios destinados a las empresas de transporte de larga distancia vinculados al otorgamiento de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. La medida fue establecida mediante la Resolución 28 del 2026 de la Secretaría de Transporte y generó preocupación en distintos sectores vinculados a la temática.
El letrado aclaró que el derecho al pasaje gratuito no fue eliminado, ya que continúa vigente por ley. Sin embargo, explicó que hasta el momento el Estado nacional compensaba económicamente a las empresas por esos traslados sin costo, lo que funcionaba como un incentivo para su cumplimiento. Con la nueva disposición, esa compensación fue retirada, aunque la obligación legal de las compañías de brindar el beneficio se mantiene vigente.
Aquino Viudez advirtió que, en la práctica, el acceso a este derecho ya presentaba dificultades previas. En muchos casos, los pasajes debían gestionarse con al menos 48 horas de anticipación a través de plataformas digitales que no siempre contaban con disponibilidad, lo que dificultaba su obtención. Además, señaló que en situaciones urgentes, como traslados por motivos de salud, eran organismos provinciales los que debían intervenir para garantizar el viaje.
El abogado sostuvo que la decisión abre un debate sobre la efectividad del cumplimiento del derecho en ausencia de subsidios y con controles limitados. En ese sentido, indicó que el principal desafío será garantizar que las empresas continúen cumpliendo con la normativa vigente, mientras organizaciones del sector advierten que sin mecanismos de control adecuados, el acceso al beneficio podría verse restringido en la práctica.
