Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), manifestó en diálogo con Nord24 la preocupación del sector empresarial por los cambios introducidos por el Decreto 612 en materia de aportes obligatorios.
El referente de empresarios consideró que la reforma laboral contempla adecuadamente los aspectos legales para trabajadores y empleadores, cuestionó que la nueva normativa vuelva a establecer mecanismos que, según sostuvo, afectan la libertad de elección.
Farina afirmó que el decreto vuelve a establecer la obligatoriedad de determinados aportes vinculados con sindicatos y cámaras empresariales. “Se vuelve obligatoria nuevamente cuando la ley preveía que iba a ser voluntad del trabajador si quería o no estar afiliado”, sostuvo. Además, señaló que las empresas podrían verse obligadas a realizar aportes para integrar determinadas cámaras y que estos mecanismos impactan sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
El dirigente estimó que los aportes vinculados a capacitación representan alrededor de 70 millones de dólares anuales y sostuvo que, en el caso de los aportes sindicales, el impacto depende de cada paritaria. “Argentina es el único país en el mundo en donde los sindicatos se llevan casi el 5% del salario entre todo lo que te obligan a pagar”, afirmó. También cuestionó la continuidad de fondos que, según indicó, fueron creados durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente reglamentados para continuar con su cobro.
Por otra parte, Farina puso como ejemplo un recibo de sueldo de un trabajador administrativo para dimensionar la estructura de costos. Según explicó, el empleado representa para la empresa un costo bruto de $2.135.000, mientras que percibe $1.397.000 de bolsillo, equivalente al 67% del monto total mencionado. En ese sentido, consideró que una reducción de aportes podría traducirse en un mayor poder adquisitivo para los trabajadores.
Finalmente, el vicepresidente de CADAM señaló que el sector analiza la posibilidad de recurrir a la Justicia para cuestionar el decreto. “Un decreto no puede estar por arriba de lo que aprobaron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, sostuvo Farina, quien indicó que están estudiando la normativa para determinar si corresponde realizar una presentación judicial.
