Gustavo Córdoba, analista político fue consultado por Nord24 acerca de los resultados de una reciente encuesta vinculada a la violencia de género, la percepción de los argentinos sobre el rol del Estado y el impacto que tuvo el denominado “Caso Agostina” en la opinión pública.
Según el relevamiento, el caso alcanzó una alta visibilidad social, con un nivel de conocimiento cercano a la totalidad de la población. Córdoba destacó que, mientras el 58,6% de los consultados consideró responsable la cobertura realizada por los medios de comunicación, la evaluación sobre la actuación estatal fue marcadamente negativa: el 75,9% la calificó como irresponsable y el 82,2% sostuvo que el Estado no respondió con la seriedad y profesionalismo que la situación requería.
El informe también expuso una fuerte desconfianza hacia el sistema judicial. Más del 80% de los encuestados manifestó tener poca o ninguna confianza en fiscalías y tribunales para abordar casos de violencia de género, mientras que el 71,2% consideró que jueces y fiscales carecen de la formación necesaria en perspectiva de género. Para Córdoba, estos datos reflejan una demanda social concreta de reformas y capacitación dentro del sistema de justicia.
Otro de los aspectos destacados fue la diferencia de experiencias entre hombres y mujeres. Los resultados muestran que las mujeres reportan en mayor medida situaciones de acoso verbal, contacto físico no deseado, violencia psicológica y otras formas de violencia tanto en espacios públicos como privados. Además, cerca del 70% de los consultados consideró que las víctimas enfrentan procesos de estigmatización al momento de denunciar, percepción que se acentúa entre las mujeres.
Pese a las críticas hacia las instituciones, la encuesta indica que la sociedad continúa reclamando una participación activa del Estado y de la Justicia en la prevención de la violencia de género. En ese sentido, Córdoba resaltó que existe un amplio consenso en torno a medidas como la activación inmediata de la Alerta Sofía y el fortalecimiento de herramientas de protección. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, concluyó que la problemática sigue siendo una de las pocas causas capaces de generar acuerdos transversales más allá de las diferencias políticas.
