En declaraciones a Nord24, el abogado Mauro Sarasua sostuvo que la educación es un derecho humano fundamental y recorrió el respaldo constitucional e internacional que lo protege.
“La educación es un derecho humano fundamental, no es un privilegio. Y reconocer ese derecho significa también establecer obligaciones concretas para garantizarlo”, sostuvo el abogado Mauro Sarasua en declaraciones a Nord24. El letrado fundamentó su postura en el marco normativo argentino: “Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 reconoce el derecho de enseñar y aprender. A su vez, el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales de derechos humanos que protegen este derecho”. Ese andamiaje jurídico, explicó, convierte a la educación en una obligación del Estado y no en una mera facultad.
Sarasua repasó los instrumentos internacionales que refuerzan esa garantía: “La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la enseñanza elemental debe ser gratuita y obligatoria. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 13 y 14 reconoce también el derecho a la educación y establece compromisos para avanzar hacia su plena realización”. Sumó además la perspectiva de la infancia: “La Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 28 y 29 reconoce el derecho de los chicos a la educación y señala que esta debe contribuir al desarrollo de sus capacidades, su personalidad y el respeto por los derechos humanos”.
En el plano nacional, Sarasua apuntó a la Ley de Educación Nacional 26.206: “En sus artículos 2 y 4 establece que la educación es un bien público y un derecho personal y social y que el Estado tiene la responsabilidad principal de garantizarla”. Pero advirtió que la letra de la ley no alcanza si no se traduce en condiciones concretas: “Esto significa que no alcanza con que una escuela tenga sus puertas abiertas. Se necesitan también las condiciones reales de acceso, igualdad de oportunidades, recursos y también una educación de calidad”. La demanda va más allá de la oferta escolar: implica infraestructura, docentes capacitados, materiales y entornos seguros.
El abogado cerró con una reflexión sobre las responsabilidades compartidas: “El derecho a la educación exige también responsabilidades porque el Estado debe garantizar y las familias, los estudiantes y la comunidad educativa también tienen deberes que cumplir, cada uno de ellos obviamente en su lugar, porque una sociedad que garantiza la educación no solo protege un derecho, sino que también amplía las oportunidades de desarrollo de las personas”. Su mensaje ubica a la educación en el centro del desarrollo social y económico del país, lejos de considerarla un gasto ajustable.
