Hermindo González, abogado, analizó en Radionord el fallo que absolvió a Juan José Altamirano por el asesinato de Maxi Aquino.
En una entrevista exclusiva con Radionord, el abogado Hermindo González analizó las profundas irregularidades que rodearon la causa contra Juan José “Josele” Altamirano, recientemente absuelto por la Corte Suprema de Justicia por el crimen de Maximiliano Aquino. El letrado calificó el proceso como un despliegue de impunidad que dejó secuelas físicas y personales irreparables en su defendido. Según González, la detención se basó en actos “claramente ilegales”, originados por una supuesta mención informal de un vecino al entonces comisario Segovia, cuya identidad y domicilio nunca fueron registrados, impidiendo cualquier tipo de interrogatorio o careo durante el juicio.
El profesional describió el calvario de Altamirano como un “verdadero viacrucis” que incluyó gravísimos delitos contra la integridad sexual cometidos en los lugares de alojamiento. El abogado recordó que, tras la detención, la policía expuso públicamente un video de una supuesta confesión donde se veía a Altamirano visiblemente golpeado y con un ojo gravemente herido. “Querían una imagen que impacte en la comunidad, donde supuestamente quien ellos señalaban terminaba reconociendo el hecho bajo tortura”, explicó el abogado, subrayando que dicha grabación fue tan irregular que ni siquiera pudo ser incorporada como prueba en el debate oral.
Uno de los puntos más críticos señalados por la defensa es la sistemática negativa judicial a investigar los apremios ilegales sufridos por el joven. González denunció que nunca se permitió avanzar en una causa autónoma para identificar a los autores de las torturas, garantizando así la impunidad de los efectivos involucrados. “Fue traumático e ilegal porque nunca dejaron que se lleve adelante la investigación por ese delito”, reclamó el letrado, cuestionando el rol de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial que avaló la detención de una persona sin pruebas objetivas ni armas vinculadas al caso.
El abogado celebró el fallo de la Corte Suprema que logró revertir la condena de 22 años, pero advirtió que el daño moral y físico ya está consolidado tras una década de encierro injusto. Para González, el caso de “Josele” representa un precedente alarmante sobre el uso del poder punitivo del Estado basado en el prejuicio y la violencia institucional. Desde la defensa, sostienen que el Estado debe ahora responder por los abusos cometidos, mientras Altamirano intenta reconstruir su vida bajo el peso de una experiencia que el profesional no dudó en calificar como una de las mayores injusticias de la historia reciente de Corrientes.
