Incluir Salud: Prestadores denuncian atrasos de hasta 12 meses en pagos

Familias y prestadores denuncian demoras de hasta un año en los pagos de Incluir Salud, con centros de atención al borde del cierre y riesgo en tratamientos esenciales.

En una entrevista exclusiva con la Redacción de Radionord, Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad, describió el crítico panorama que atraviesan las familias y prestadores debido a los retrasos en los pagos del programa Incluir Salud. Según Delgado, existen profesionales y centros que registran deudas de entre nueve meses y un año, una situación que calificó como “totalmente asfixiante” y que ya ha provocado el cierre lamentable de algunas instituciones de atención.

La entrevistada denunció que la falta de financiamiento ha empujado a diversos centros de día y hogares a una situación de desesperación extrema, teniendo que recurrir a la solidaridad de la sociedad para poder garantizar alimentos básicos a sus pacientes. Para Delgado, esta interrupción en las cadenas de pago no es solo un problema administrativo, sino un claro “abandono de persona” por parte del Estado, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar una vida digna a las personas con discapacidad.

Uno de los puntos más críticos señalados es la profunda desorganización en la liquidación de los fondos. Delgado explicó que no existe un orden cronológico en los pagos; mientras algunos prestadores cobraron el mes de diciembre, todavía adeudan meses anteriores como julio, agosto o septiembre. “Es como si pusieran los nombres en un bolillero y al que le tocó, le tocó”, graficó para ilustrar la incertidumbre que reina tanto en programas de Incluir Salud como en PAMI.

La referente exigió la cancelación inmediata de las deudas y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad para frenar el desfinanciamiento del sector. A través del contacto con otros referentes nacionales, Delgado confirmó que este desorden en los pagos es una constante que se repite en diversas provincias, donde los expedientes parecen enviarse “al boleo”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para miles de familias.

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