Instituciones de discapacidad atraviesan una situación crítica por retrasos en los pagos de organismos como Incluir Salud y PAMI, y la desactualización de los aranceles.
El Instituto IPEEC (Instituto Privado de Educación Especial) de Corrientes atraviesa una crisis financiera sin precedentes que pone en jaque su continuidad tras cuatro décadas de labor ininterrumpida. Según explicó Guadalupe Soto, trabajadora social de la institución, la falta de reglamentación de la Ley de Emergencia en discapacidad y el severo retraso en los pagos por parte de organismos como PAMI e Incluir Salud han generado un escenario de asfixia económica. Esta situación impide cubrir los costos básicos de mantenimiento de una entidad que funciona en tres turnos diarios para brindar una atención integral.
La preocupación central radica en la vulnerabilidad de las prestaciones que reciben cientos de personas con discapacidad, cuyas edades oscilan desde los 45 días de vida hasta adultos mayores de más de 70 años. Los servicios en riesgo abarcan desde el apoyo a la integración escolar y el nivel inicial hasta la formación laboral y el centro de día. Al respecto, Soto fue contundente: “Hoy estos servicios corren peligro. El Nomenclador no está actualizado y, con la inflación, aumenta apenas dos puntos por trimestre; eso no cubre los gastos operativos que tiene el Instituto”.
El conflicto también impacta directamente en la estabilidad laboral de un amplio equipo interdisciplinario. Actualmente, el IPEEC cuenta con 49 profesionales en relación de dependencia —incluyendo docentes de educación especial, psicólogos, psicopedagogos y personal de maestranza— que sostienen el funcionamiento de la institución. La falta de actualización de los aranceles nacionales frente al aumento de precios ha vuelto insostenible el cumplimiento de las obligaciones salariales y los gastos de funcionamiento diario que exige una estructura de esta magnitud.
La comunidad educativa del IPEEC hace un llamado urgente a las autoridades para regularizar las deudas y garantizar el derecho a la salud y educación de sus concurrentes. “Nos vemos en una situación crítica para seguir sosteniendo nuestros servicios”, sentenció Soto, remarcando que el instituto cumplió 40 años el pasado 11 de marzo en medio de este contexto de incertidumbre. La falta de respuestas concretas sobre la cadena de pagos amenaza con dejar sin asistencia a personas que han asistido a la institución durante gran parte de su vida.
