Ricardo Sosa, abogado penalista (M.P. 3941), dialogó con Nord24 sobre el nuevo sistema penal juvenil, vigente desde hace algunas semanas, y expresó sus reparos respecto de su eficacia para reducir la delincuencia.
A su criterio, la modificación de la edad de imputabilidad a los 14 años no resuelve por sí sola el problema, ya que considera que las políticas de prevención del delito siguen siendo una de las principales falencias del Estado.
Sosa sostuvo que es necesario que quienes cometen delitos respondan por sus actos, pero advirtió que la aplicación de sanciones a menores no compensará automáticamente la falta de medidas preventivas. En ese sentido, remarcó que el Estado debe trabajar antes de que se produzcan los hechos delictivos y generar condiciones que permitan evitar que los jóvenes ingresen al sistema penal.
Otro de los puntos que cuestionó fue la capacidad de reinserción social. El letrado señaló que el sistema penitenciario argentino presenta dificultades para lograr ese objetivo incluso con personas adultas, por lo que manifestó sus dudas sobre la posibilidad de obtener resultados positivos con menores si no existen estructuras y políticas adecuadas.
Asimismo, puso en duda la disponibilidad de recursos institucionales para implementar la normativa y cuestionó que la aplicación quede en manos de jueces de familia en lugar de contar con magistrados especializados en materia penal juvenil. Para Sosa, esta situación podría dificultar el cumplimiento de los objetivos previstos por la ley.
Finalmente, el abogado criticó el tratamiento de los delitos con penas inferiores a tres años, para los cuales describió procedimientos basados en convocar al menor, sus padres y al fiscal para advertir sobre la conducta delictiva. A su entender, este tipo de intervenciones resulta insuficiente si no está acompañado de medidas concretas de prevención, seguimiento y reinserción.
