Le allanaron la casa y terminó detenida. Tras la denuncia presentada por movimientos inusuales en la cuenta de la víctima, la Justicia ordenó el procedimiento donde secuestraron un celular, una notebook, un televisor plasma y ropa.
Una mujer de 42 años fue detenida luego de ser acusada de estafar a un compañero de trabajo con discapacidad psíquica por más de $2.000.000 en La Plata, tras una investigación que sospecha de una maniobra sostenida y meticulosa en el ámbito de un jardín de infantes.
La intervención de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen y las pruebas recolectadas guiaron a la Justicia hacia un caso que dejó al descubierto el uso indebido de datos bancarios y el posterior perjuicio económico para la víctima. La denuncia, radicada en la sede de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, detalló compras realizadas con la tarjeta bancaria del empleado del Jardín N° 954, quien detectó movimientos inusuales en su cuenta.
Según informaron fuentes del caso a Infobae, las operaciones se realizaron en cuotas y por montos pequeños, una modalidad que permitió a la imputada operar durante un período extenso sin activar alertas del sistema bancario. Este esquema generó un saldo negativo de aproximadamente dos millones de pesos y embargos sobre los haberes de la víctima.
La acusada tiene 42 años y trabaja en la misma institución educativa que la víctima
Con los elementos de prueba reunidos, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de una de las acusadas, identificada como I.V.B., de 42 años, donde fueron secuestrados un celular, una notebook, un televisor plasma y prendas de vestir. Todos los objetos incautados serán sometidos a peritajes para determinar su relación con la causa.
La medida judicial fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, y contó con la intervención del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, de la UFIyJ N° 16. Las detenidas fueron notificadas formalmente por el delito de estafa, tipificada en el artículo 172 del Código Penal. La víctima, empleado del establecimiento educativo, sufrió el impacto de los embargos y continúa en su puesto mientras avanza la investigación.
