Erica Delgado Solís, abogada y jueza sustituta del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 2, fue entrevistada por Radionord para explicar los alcances de la implementación plena del nuevo régimen penal juvenil en Corrientes, que comenzó a regir el 1 de septiembre. La medida amplía de 16 a 14 años la edad contemplada por el sistema y establece un proceso diferenciado del régimen penal para adultos.
Delgado Solís explicó que, de manera transitoria, algunos juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia asumirán competencia en materia penal juvenil, mientras se avanza hacia la creación de órganos especializados. Según detalló, de los seis juzgados existentes, tres ya tenían competencia en la materia, mientras que los juzgados N.º 1, 2 y 3 comenzaron ahora a incorporarla. La magistrada remarcó que el objetivo debería ser contar con jueces especializados en penal juvenil, aunque consideró que los juzgados de familia son actualmente la alternativa más adecuada por su experiencia y mirada específica sobre las adolescencias.
Respecto de los adolescentes de 14 a 18 años que queden sometidos a un proceso penal, la jueza aclaró que no se trata del mismo procedimiento aplicado a los adultos. El sistema juvenil tiene una perspectiva restaurativa y socioeducativa, orientada a que los adolescentes asuman responsabilidades, reparen las situaciones en las que hayan infringido la ley y puedan reinsertarse socialmente. En ese sentido, destacó que se habla de “adolescentes en conflicto con la ley penal” y no de “adolescentes delincuentes”.
La magistrada también cuestionó que la reducción de la edad de imputabilidad pueda, por sí sola, solucionar el problema del delito. Consideró que la principal herramienta debe ser la prevención y el trabajo con las infancias desde edades tempranas, ya que muchos de los adolescentes que llegan al sistema penal juvenil atravesaron previamente situaciones de vulneración de derechos. En ese contexto, señaló que el Estado debe fortalecer las respuestas destinadas a garantizar derechos cuando las redes familiares no logran brindar la contención necesaria.
Finalmente, Delgado Solís indicó que se está trabajando entre distintos organismos para adecuar la estructura provincial a las exigencias del nuevo sistema. Durante una inspección al Instituto Penal Juvenil, las autoridades analizaron las condiciones del establecimiento y plantearon la necesidad de realizar algunas reestructuraciones para garantizar los derechos de los adolescentes. La jueza señaló que se conformó una mesa de trabajo con organismos judiciales, administrativos, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario para avanzar en las medidas necesarias.
