Marcela Kriscovich, referente de Prestadores de Discapacidad, fue consultada por Nord24 respecto de la situación que atraviesa el sector y las dificultades que enfrentan las instituciones y los trabajadores.
Advirtió que los prestadores que brindan servicios a través de obras sociales y entidades bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud registran demoras de entre 90 y 120 días para cobrar, una situación que genera una profunda incertidumbre de cara a 2027.
En ese contexto, explicó que, si bien valoran los avances alcanzados en la Cámara de Diputados con el dictamen aprobado el 21 de octubre sobre el proyecto de fortalecimiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, existe una preocupación por la falta de inclusión explícita de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Fondo Solidario de Retribución como financiadores. Según sostuvo, la iniciativa contempla mecanismos de financiamiento para el Programa Incluir Salud y el PAMI, pero deja sin garantías presupuestarias al tercer componente del sistema, del que dependen las prestaciones brindadas a través de obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga.
Kriscovich advirtió que esta omisión podría comprometer el funcionamiento de todo el esquema de atención, debido a que las obras sociales y las prepagas no cuentan con recursos propios suficientes para afrontar los costos de tratamientos, educación especial, transporte, centros de día y acompañamiento terapéutico, entre otras prestaciones. Además, alertó que la falta de recursos y las demoras en los reintegros pueden provocar el cierre de instituciones y dejar sin atención a miles de personas con discapacidad en las provincias, donde las dificultades administrativas y los costos logísticos agravan la situación.
Ante este escenario, el referente señaló que la asociación inició gestiones ante distintos bloques del Senado y solicitó reuniones con autoridades nacionales para plantear sus observaciones al proyecto. Confirmó que tienen encuentros previstos con representantes legislativos y con el superintendente de Servicios de Salud, Horacio Guevara. Entre los principales pedidos, reclamó que se abra el debate en comisiones, que no se apruebe la iniciativa sin revisar sus aspectos técnicos y que se modifique el artículo 7 para incorporar expresamente a la Superintendencia como financiadora, además de garantizar un refuerzo presupuestario permanente para el Fondo Solidario de Retribución.
Finalmente, sostuvo que, si no se corrige este vacío financiero, el sistema podría enfrentar un colapso generalizado durante 2027, con consecuencias directas para las familias, los prestadores y las personas con discapacidad. También advirtió que la falta de cobertura efectiva podría trasladar mayores costos a los hogares y generar desigualdades en el acceso a tratamientos, según la capacidad económica de cada familia.
