La eliminación de subsidios a pasajes de larga distancia para personas con discapacidad genera preocupación en familias y organizaciones.
La eliminación de subsidios a los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad volvió a encender la preocupación en miles de familias de todo el país. La resolución 28/2026 del Gobierno nacional derogó el sistema de compensación económica que recibían las empresas de transporte automotor para garantizar los boletos gratuitos, aunque mantiene vigente el derecho al traslado sin costo para quienes poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes oncológicos y trasplantados. Sin embargo, referentes del sector advierten que la medida podría profundizar las dificultades para acceder a los pasajes y generar nuevas barreras burocráticas.
En diálogo con la Redacción de Radionord, Débora Delgado, mamá de una niña con discapacidad, expresó su preocupación por las consecuencias que podría traer este cambio. “Estamos agotados de pelear por derechos básicos y tenemos miedo de que empiece un boicot invisible en las boleterías”, sostuvo. Además, remarcó que el sector de discapacidad suele ser uno de los más afectados cada vez que se implementan ajustes económicos. “Siempre somos el hilo más delgado. El Estado argumenta que las empresas tienen libertad tarifaria para absorber el costo, pero en la práctica sabemos que las trabas terminan apareciendo”, afirmó.
Las familias también denuncian que el acceso a los pasajes gratuitos ya presenta múltiples dificultades incluso antes de la aplicación plena de la nueva normativa. Cupos limitados, sistemas online con fallas, demoras en las respuestas y obstáculos administrativos forman parte de una problemática histórica que, según aseguran, podría agravarse. “Muchas veces hay que conectarse a medianoche para conseguir un pasaje o buscar destinos alternativos porque el sistema no arroja disponibilidad. El derecho existe, pero en la ventanilla siempre termina siendo una pelea”, explicó Delgado. A esto se suman reclamos por recortes en prestaciones médicas, tratamientos y demoras en el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución establece que las empresas de micro continúan obligadas legalmente a transportar gratuitamente a personas con discapacidad y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá intensificar los controles y sanciones ante incumplimientos. No obstante, desde el sector temen que se multipliquen situaciones como “cupos agotados”, “fallas técnicas” o postergaciones injustificadas al momento de solicitar los boletos. “Esperamos no tener que volver a salir a las calles para reclamar algo que ya es un derecho adquirido”, señaló Delgado, quien además pidió mayor conciencia social sobre la realidad de las personas con discapacidad. “No hablamos solo de niños; también existen adultos con discapacidad que necesitan ser visibles y respetados”, concluyó.
