El abogado Carlos Almeida explicó cómo iniciar amparos de salud ante rechazos de obras sociales y prepagas por medicamentos, terapias y prestaciones para personas con discapacidad.
El abogado Carlos Almeida (MP N° 10264) explicó a la Redacción de Radionord cómo funcionan los amparos de salud y cuáles son los pasos legales que pueden seguir las familias cuando una obra social o prepaga rechaza prestaciones médicas. Según detalló, estos reclamos judiciales se presentan una vez agotada la vía administrativa, luego de solicitudes formales, notas e intimaciones para exigir la cobertura correspondiente. “Muchas veces se niegan medicamentos de alto costo, terapias o prestaciones para personas con discapacidad, y ahí es donde interviene la Justicia”, sostuvo.
El letrado remarcó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a una cobertura integral del 100% de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901. Entre ellas se encuentran terapias de rehabilitación, acompañamiento escolar, fonoaudiología, cuidadores domiciliarios y tratamientos específicos indicados por médicos especialistas. Almeida explicó que, pese a estar garantizadas por ley, numerosas obras sociales y empresas de medicina prepaga rechazan o demoran estas coberturas, especialmente cuando se trata de tratamientos costosos o enfermedades poco frecuentes.
Además, el abogado señaló que algunas obras sociales intentan pagar valores inferiores a los establecidos en el Nomenclador Nacional para prestaciones de discapacidad. Mencionó casos algunos obras sociales, donde, según indicó, se aplican nomencladores propios con montos menores a los fijados por la normativa nacional. “Ya existen fallos favorables que obligan a cubrir las prestaciones al valor del Nomenclador Nacional, porque la cobertura debe ser integral y sin costo para la persona con discapacidad”, afirmó.
Almeida recomendó a las familias no resignarse ante una negativa y buscar asesoramiento legal especializado para iniciar los reclamos correspondientes. Explicó que los amparos contra obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga se tramitan ante la Justicia Federal de Corrientes, mientras que los conflictos con IOSCOR se presentan en la Justicia Provincial. “Cada vez que una persona recibe un rechazo ante una prestación esencial, tiene derecho a reclamar judicialmente para garantizar el acceso a la salud”, concluyó.
