El abogado Nicolás Calvano explica las sanciones vigentes por incumplimiento y cómo reclamar cuando las empresas de servicios rompen el espacio público.
La construcción, mantenimiento y reparación de las veredas en la ciudad de Corrientes constituye una responsabilidad compartida con obligaciones legales diferenciadas entre los vecinos y el Estado local. En declaraciones a Nord24, el abogado Nicolás Calvano (M.P. 10.337) explicó que, si bien estos sectores integran el espacio público municipal, el Código de Edificación local asigna al propietario frentista la obligación concreta de conservar la acera de su inmueble. Esta responsabilidad civil incluye la corrección inmediata de roturas, hundimientos o desniveles que pongan en riesgo la circulación peatonal cotidiana.
Por su parte, la Municipalidad de Corrientes actúa como titular y administradora del espacio público, lo que le otorga la facultad y el deber de fiscalizar el estado de las aceras. Calvano detalló que el gobierno local es el encargado de establecer las condiciones técnicas obligatorias, exigir criterios estrictos de accesibilidad urbana e intimar formalmente a los propietarios en caso de incumplimiento. Sin embargo, el letrado aclaró que la responsabilidad se traslada cuando el deterioro es provocado por terceros, como empresas de servicios públicos (agua, cloacas, energía o telecomunicaciones) u organismos estatales de obras públicas, quienes deben costear la reparación del daño ejecutado.
El escenario adquiere una gravedad jurídica particular cuando se produce un accidente peatonal derivado del mal estado de la infraestructura. Según advirtió el especialista, las caídas o lesiones en la vía pública suelen desencadenar demandas civiles por daños y perjuicios. En estos litigios, la jurisprudencia argentina analiza minuciosamente las circunstancias concretas de cada hecho para determinar el grado de culpa y establecer si la indemnización económica corresponde al frentista por negligencia, al municipio por falta de control, o a la empresa de servicios que rompió el suelo y omitió arreglarlo.
Más allá de los eventuales litigios y las sanciones económicas, Calvano enfatizó que el adecuado mantenimiento de los frentes representa un pilar fundamental para la seguridad, la accesibilidad universal y la convivencia urbana. Una ciudad transitable y adaptada para personas con movilidad reducida comienza por la preservación de estas estructuras cotidianas. Mantener las veredas óptimas reduce la siniestralidad civil y mejora la calidad de vida en los barrios, consolidando un compromiso mutuo entre la gestión comunal y la ciudadanía.
