Julia Rigueiro, investigadora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), fue consultada por Nord24 acerca de la última revisión de objetivos realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina y las implicancias que, a su entender, podrían tener las recomendaciones del organismo para los próximos años.
La especialista señaló que el informe del FMI vuelve a poner el foco en la continuidad de políticas de ajuste fiscal y mencionó que entre las recomendaciones figuran medidas vinculadas a salarios, subsidios y transferencias estatales. En ese sentido, consideró que tanto los planteos del organismo como las señales emitidas por el Gobierno nacional permiten anticipar un escenario de mayores ajustes durante 2026 y 2027.
Rigueiro también destacó que el propio informe advierte sobre distintos factores de riesgo para la economía argentina, entre ellos la morosidad, la situación del empleo, la evolución de los salarios y la persistencia de la inflación. Asimismo, remarcó la necesidad de actualizar la metodología utilizada para medir el índice de precios al consumidor, una discusión que, según indicó, también impulsan diversos centros de estudios y especialistas.
Entre otros aspectos, la investigadora señaló que el FMI mantiene dentro de sus objetivos la obtención de recursos provenientes de privatizaciones y el avance de reformas estructurales, entre ellas las vinculadas al sistema previsional, los subsidios energéticos y el esquema tributario. Además, sostuvo que el organismo continúa considerando que Argentina presenta elevados riesgos financieros, lo que refleja las dificultades para garantizar el repago de la deuda asumida.
Por último, Rigueiro afirmó que las próximas revisiones del acuerdo seguirán teniendo un fuerte componente político y cuestionó la flexibilidad con la que, según su análisis, se modifican algunas metas establecidas para el país. También expresó su preocupación por la reducción del empleo público y por el impacto que, a su criterio, podría tener la disminución de capacidades estatales en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la prestación de servicios esenciales.
