En declaraciones a Nord24, la abogada Antonella Acevedo Gasis analiza las alternativas legales cuando faltan años de aportes para jubilarse.
Recibir la noticia de que no se alcanzan los años de aportes obligatorios para acceder a una jubilación no representa el cierre definitivo de la etapa laboral. En declaraciones a Nord24, la abogada Antonella Acevedo Gasis (M.P. 4-7296) explicó que el marco legal vigente contempla vías para revertir estas situaciones complejas. La especialista precisó que el sistema permite reclamar de manera judicial el reconocimiento formal de aquellas actividades o relaciones laborales que no fueron registradas de forma correcta en su momento por los empleadores.
Para avanzar en este tipo de reclamos previsionales, resulta indispensable realizar un análisis profundo de cada historial en particular. Acevedo Gasis enfatizó la importancia de que el interesado recopile y disponga de la mayor cantidad de documentación física posible respecto a sus empleos anteriores. Asimismo, señaló como un requisito técnico esencial el acceso a la clave de seguridad social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), herramienta informática que permite auditar detalladamente la sábana de aportes y la trayectoria laboral completa del ciudadano.
En los escenarios donde el trabajador no logra acumular los 30 años de aportes regulatorios que exige la legislación argentina, el Estado ofrece la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). Este beneficio de protección social está diseñado específicamente para personas de 65 años o más, sin distinción de género, que no reúnen la densidad de aportes necesarios para una jubilación ordinaria. Esta herramienta garantiza un ingreso mensual básico y una cobertura médica integral a un sector vulnerable de la población pasiva que de otro modo quedaría desprotegido.
La profesional consideró fundamental aclarar un aspecto que suele generar debates y confusiones en la opinión pública respecto a los montos de cobro. Quienes acceden a la PUAM perciben un beneficio económico equivalente al 80% de lo estipulado para una jubilación mínima en la República Argentina. Acevedo Gasis remarcó la importancia de esta diferenciación técnica y presupuestaria, aclarando que la normativa legal mantiene una equidad de escalas al establecer que este subsidio de vejez no se equipara al haber percibido por aquellos beneficiarios que sí completaron la totalidad de sus aportes reglamentarios.
