Los Tribunales de Familia endurecen los castigos contra el incumplimiento patrimonial. En diálogo con Nord 24, la Dra. Antonela Gasis (MP. 47.296) explica las herramientas legales vigentes que van más allá del embargo tradicional.
En comunicación con Nord 24, la abogada Antonela Gasis (MP. 47.296) alertó sobre las severas consecuencias legales del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en Argentina. La especialista desarmó un mito muy común al aclarar que la cuota alimentaria no se limita únicamente al dinero para la comida. Por el contrario, este derecho abarca de forma obligatoria la cobertura de salud, vivienda, vestimenta, transporte y recreación, garantizando así el desarrollo integral de los menores.
Frente a padres deudores que evitan el pago de manera sistemática, el marco jurídico actual faculta a los jueces de familia a aplicar duras sanciones civiles que van más allá de los embargos de sueldo tradicionales. Gasis enfatizó que los magistrados tienen la potestad de disponer medidas conminatorias específicas para asegurar el cumplimiento efectivo de la obligación. Estas herramientas procesales alternativas buscan vencer la reticencia del infractor mediante restricciones directas sobre sus actividades cotidianas.
Entre los castigos más eficaces y con mayor repercusión en los tribunales, la letrada destacó la inhabilitación para conducir vehículos particulares. “Estamos facultados para solicitar judicialmente la suspensión provisional o la imposibilidad de renovar la licencia de conducir del deudor alimentario”, detalló la abogada. Esta fuerte penalización bloquea un trámite civil indispensable, forzando al infractor a regularizar de manera urgente su situación patrimonial con sus hijos.
La profesional remarcó que estas restricciones de derechos no buscan un simple castigo, sino generar un incentivo inmediato para saldar la deuda acumulada. El cobro de los alimentos es un derecho humano esencial y las familias afectadas deben utilizar todas las vías procesales vigentes en el país. Con este panorama, Gasis instó a los ciudadanos a asesorarse y accionar judicialmente para salvaguardar el bienestar económico y social de los niños.
