El exintendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, se retractó formalmente ante la Justicia de sus dichos sobre Gustavo Valdés y solicitó el cierre de la causa por delitos contra el honor.
El exintendente de Paso de los Libres y dirigente del Partido Justicialista, Martín Ignacio Ascúa, presentó una retractación pública y formal ante la Justicia en el marco de la querella por delitos contra el honor que le inició el actual exgobernador de la provincia, Gustavo Adolfo Valdés. El documento, que lleva la firma del propio imputado y de su abogado patrocinante, el Dr. Alfredo Antonio Gómez, solicita de manera expresa la terminación definitiva del proceso penal.
La causa (Expte. Nº LU 13056/24, caratulada “Legajo Judicial IDE 24103965810 – Querella Autónoma interpuesta por el Dr. Valdés Gustavo Adolfo”) se originó a partir de una serie de manifestaciones públicas realizadas por Ascúa el 18 de agosto de 2024. Según los términos del escrito presentado, aquellas declaraciones “pudieron resultar agraviantes para el honor, reputación y consideración personal” del mandatario provincial. En la presentación judicial, la defensa de Ascúa remarcó que el dirigente se retracta “integramente” de forma clara, categórica e inequívoca. Asimismo, el texto aclara que el jefe comunal “no tuvo intención de imputar falsamente la comisión de delito alguno ni de afectar ilegítimamente el honor y buen nombre del querellante”, admitiendo en retrospectiva que sus declaraciones fueron “impropias, desacertadas y carentes de la debida prudencia”.
A través de esta pieza jurídica, el querellado ofreció sus disculpas públicas a Valdés por los perjuicios personales y sociales que pudo haber ocasionado, y solicitó al magistrado interviniente que la presentación sea considerada como una “suficiente reparación moral”. Basándose en jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los letrados fundamentaron que la retractación cumple con todos los requisitos legales vigentes: es expresa, inequívoca, total, oportuna y fue asentada ante la autoridad judicial competente. Bajo esta premisa, la defensa argumentó que el instituto de la retractación busca una solución compositiva y restaurativa del conflicto, priorizando la reparación moral por sobre el castigo. Por tal motivo, requirieron formalmente la extinción de la acción penal o, en su defecto, la eximición de la pena y el consecuente archivo de las actuaciones.
