Marcela Kriscovich, titular de Prestadores de Discapacidad Unidos, fue consultada por Nord24 sobre la situación que atraviesa el sector y señaló que la crisis se profundizó durante los últimos años.
Afirmó que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está aplicando y que la recomposición de aranceles, finalizada en abril, continúa siendo insuficiente frente al desfasaje acumulado. Como ejemplo, mencionó que la última actualización por IPC, correspondiente a agosto y establecida en la Resolución 2775/2026, fue del 2,10%: el valor del kilómetro de transporte para personas con discapacidad pasó de $881,50 en julio a $900,01 en agosto.
Uno de los principales problemas, según explicó, son los atrasos en los pagos. Kriscovich señaló que, a comienzos de septiembre, algunas obras sociales todavía adeudan prestaciones correspondientes a junio, mientras que en casos de Incluir Salud y PAMI hay prestadores que recién están cobrando meses como marzo o abril. También mencionó deudas de obras sociales como IOFRA —actualmente Medicus—, SPIT y OSUGRA. “Vos prácticamente la estás dando de manera gratuita porque cobrar con meses y meses de atraso realmente hace muy difícil sostener todo”, sostuvo, y remarcó que esta situación afecta a transportistas, profesionales, centros, hogares e instituciones.
La dirigente también vinculó las dificultades de financiamiento con la situación laboral del país y reclamó una decisión política para fortalecer el Fondo Solidario de Redistribución, del cual surge el financiamiento del mecanismo de integración de discapacidad. En su opinión, el aumento del desempleo reduce los recursos destinados a ese fondo y podría generar, si la situación no se modifica, un corte de la cadena de pagos. Además, cuestionó los argumentos oficiales que atribuyen el incremento de los costos a una mayor cantidad de personas con discapacidad o prestadores y señaló que no existen datos censales actualizados que permitan determinar con precisión cuántas personas con discapacidad hay en el país.
Kriscovich sostuvo que el impacto de los atrasos también alcanza directamente a las familias, que enfrentan dificultades para acceder a profesionales y tratamientos, mientras algunos médicos dejaron de trabajar con obras sociales por las demoras en los pagos. Advirtió, además, que muchas personas con discapacidad podrían perder su cobertura de obra social durante los próximos meses debido al desempleo de sus padres y que ya existen centros que cerraron y profesionales que cambiaron de actividad. En ese contexto, consideró necesario extender la Ley de Emergencia en Discapacidad más allá del 31 de diciembre de 2026 y reclamó políticas específicas para el sector.
Finalmente, la titular de Prestadores de Discapacidad Unidos calificó el panorama como “muy crítico” y sostuvo que los derechos de las personas con discapacidad están siendo vulnerados. Cuestionó el ajuste aplicado por el Gobierno nacional y consideró que las medidas anunciadas, como la conformación de un equipo para brindar atención gratuita a personas con autismo, no resuelven el problema estructural. “Si antes éramos muy invisibles, esta gestión nos dejó aún más invisibles”, afirmó, y advirtió que, si no existe una solución pronta, el deterioro de las prestaciones podría profundizarse y generar mayores dificultades para las personas con discapacidad y sus familias.
