El abogado Matías Viudez Aquino analizó el operativo contra la pesca furtiva en el Río Paraná y advirtió que el caso podría involucrar no solo infracciones ambientales, sino también presuntas estafas y delitos penales vinculados a la gestión irregular de permisos de pesca.
El abogado Matías Viudez Aquino, en declaraciones a la redacción de Nord24, analizó el reciente operativo contra la pesca furtiva desplegado entre San Lorenzo, Empedrado y Bella Vista, y sostuvo que el caso no solo involucra una problemática ambiental, sino también un entramado jurídico que podría abarcar infracciones administrativas y eventuales delitos penales. En ese sentido, remarcó la necesidad de diferenciar con precisión cada uno de los planos legales involucrados en la investigación.
En el plano contravencional, el letrado explicó que el uso de redes de pesca tipo mallón de tres telas y la actividad sin licencia habilitante constituyen infracciones directas a la normativa provincial de protección de la fauna. Señaló que este tipo de artes de pesca no discriminan tamaños de especies, afectando la reproducción del recurso íctico, por lo que la legislación prevé sanciones como el decomiso de redes y capturas, además de multas y sanciones por reincidencia.
Viudez Aquino advirtió además que el caso podría escalar al fuero penal, especialmente en relación con una presunta maniobra de estafa vinculada a la gestión irregular de permisos de pesca. Según el análisis jurídico, si se confirma que se cobraban sumas de dinero para tramitar carnets que nunca eran entregados, se configuraría el delito previsto en el artículo 172 del Código Penal. Asimismo, no se descarta la posible existencia de documentación apócrifa, lo que podría encuadrar en delitos de falsificación y uso de documentos falsos contemplados en los artículos 292 y 293.
El profesional subrayó que la investigación deberá determinar caso por caso el grado de conocimiento de los involucrados. En ese sentido, indicó que quienes hayan pagado creyendo de buena fe en la validez de los permisos podrían ser considerados víctimas de estafa, mientras que quienes hayan utilizado documentación falsa con conocimiento de su irregularidad podrían pasar a tener responsabilidad penal. El operativo, realizado en un corredor estratégico del río Paraná, dejó como saldo el secuestro de aproximadamente 1.500 metros de redes ilegales y la incautación de ejemplares de dorado, en el marco de un refuerzo de los controles de fiscalización ambiental.
