La fiscal cotitular de UFIC (Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas) de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso, advirtió sobre las consecuencias penales y civiles de las amenazas en entornos escolares.
En declaraciones a Radionord, la fiscal cotitular de la UFIC de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso, analizó el abordaje judicial frente a recientes episodios de amenazas y situaciones de alarma en establecimientos educativos. La funcionaria destacó la importancia de brindar información clara a la sociedad y promover conductas responsables, ante hechos que generan preocupación en el ámbito escolar y comunitario.
Di Tomaso explicó que la responsabilidad penal en este tipo de casos depende de la edad del adolescente involucrado, aunque aclaró que siempre existen consecuencias jurídicas, tanto penales como civiles. En ese sentido, señaló que conductas como amenazas anónimas, intimidación pública o coacciones pueden implicar penas de hasta 10 años de prisión en los casos más graves, además de la responsabilidad que recae sobre los adultos a cargo de los menores.
La fiscal también remarcó que, cuando los involucrados son menores de 16 años, no corresponde la prisión preventiva, pero sí intervienen organismos judiciales especializados, el Ministerio Pupilar y el fuero de Familia, Niñez y Adolescencia. En esos casos, se busca interrumpir las conductas y generar un abordaje integral que contemple tanto la situación del menor como su entorno familiar y social.
Di Tomaso advirtió sobre el impacto de estas conductas en la comunidad educativa, señalando que la escuela debe ser un espacio seguro para los niños y adolescentes. En ese marco, llamó a la reflexión de las familias sobre la supervisión y el acompañamiento en el uso de redes sociales y dispositivos digitales, subrayando que, más allá de las sanciones legales, este tipo de hechos también deja consecuencias emocionales y sociales significativas.
