El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, destacó el avance de distintos proyectos legislativos en el Senado y señaló que la Cámara alta debe continuar con el tratamiento de iniciativas vinculadas a la inversión, la salud mental y la protección de la propiedad privada.
En declaraciones a Radionord, el legislador afirmó que ya se encuentra en condiciones de ser debatido el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, al que consideró una de las iniciativas prioritarias en agenda.”Está pendiente una norma que ya está para ser votada, que es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. A su vez, tenemos en carpeta el proyecto sobre salud mental, la ley de Hojarasca”, expresó.
Vischi también mencionó la llegada de iniciativas vinculadas al esquema de promoción de inversiones, incluyendo el denominado “super RIGI”, junto con propuestas impulsadas por su bloque para fomentar inversiones de menor escala.”Está ingresando el super RIGI que viene de la Cámara de Diputados, y también proyectos para facilitar inversiones en el rango de 12 a 200 millones, que no tuvieron apoyo en este tiempo”, explicó.
Debate en comisión y situación política
En otro tramo de la entrevista, el senador se refirió a la actividad parlamentaria prevista para el 1 de julio, cuando se reunirá la comisión donde se discutirán pedidos de interpelación vinculados a la situación del jefe de Gabinete.”El 1 de julio va a haber reunión de comisión y allí se debatirán dos proyectos de resolución para citar al jefe de Gabinete a una interpelación”, indicó.
Consultado sobre la continuidad del funcionario en el cargo, Vischi señaló que existen distintas instancias institucionales que podrían intervenir en el caso.”El Presidente lo puede sacar en media hora. El Congreso, si tiene los números, en un par de meses. Y la Justicia, creo que antes de fin de año también va a tomar una resolución”, sostuvo.
Cuestionamientos políticos
El legislador consideró además que la situación debe resolverse en función de criterios institucionales y éticos.”Alguien que confesó públicamente haber cometido un delito y que tiene a su cargo organismos sensibles como ARCA y la Oficina Anticorrupción no puede seguir ejerciendo esa función”, afirmó.
Vischi remarcó que la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, al tratarse de un cargo de alta responsabilidad dentro de la administración pública.”Es el Presidente quien lo designa y también quien puede decidir su continuidad o reubicación. Se trata de un cargo con un poder importante dentro del Estado”, concluyó.
