El abogado Nicolás Calvano explicó a Nord24 que el derecho a opinar e informar está respaldado por la Constitución, los tratados internacionales y normas que protegen al periodismo.
La libertad de expresión es uno de los derechos más protegidos del ordenamiento jurídico argentino, pero también uno de los que más dudas genera a la hora de saber hasta dónde llega. El abogado Nicolás Calvano lo definió en diálogo con Nord24 como “el derecho fundamental que tenemos todas las personas a pensar, buscar, recibir y difundir opiniones e información de cualquier tipo, ya sea de forma verbal, escrita, a través de medios de comunicación o en redes sociales”, y precisó que en el país cuenta con “una protección jurídica muy fuerte, respaldada en tres niveles principales”.
En ese sentido, el letrado detalló el primer nivel de resguardo, el constitucional. “El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, señaló, y explicó el alcance de esa garantía: “Significa que el Estado no puede revisar, prohibir o autorizar de antemano lo que alguien va a decir o publicar”. A ese piso normativo se suma el plano internacional: “Existen tratados internacionales que la Constitución incorpora, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado refuerza que la libertad de expresión no se puede restringir por vías indirectas”.
El tercer nivel de protección apunta al ejercicio del periodismo y a los ciudadanos. “Existen normas que aseguran que nadie pueda ser procesado penalmente por calumnias e injurias por opinar o informar sobre asuntos de interés público. Además, los periodistas tienen garantizada la reserva de su fuente de información”, explicó Calvano. De todos modos, el abogado advirtió que ninguna garantía es ilimitada: “Aunque no puede existir censura previa, las personas deben hacerse responsables de lo que dicen cuando sus expresiones dañan a otros. A esto se lo reconoce como responsabilidades ulteriores”.
Consultado sobre los límites concretos, Calvano enumeró los supuestos en los que la libertad de expresión encuentra su tope. Mencionó “el respeto al honor y la privacidad ajena”, con la posibilidad de que la persona afectada “pueda demandar una reparación o una indemnización en justicia civil” si alguien difunde información falsa a sabiendas o viola la intimidad de un tercero sin justificación de interés público. También señaló la “prohibición de discursos de odio o incitación a la violencia”: las expresiones que promuevan “la discriminación, la violencia física, la apología del delito o el odio hacia un grupo por motivos de raza, religión, género u orientación sexual no están protegidas por ley”. Y añadió la “protección de la infancia y datos personales”, con restricciones específicas para la difusión de imágenes o datos privados de menores y de información confidencial o sensible. “En resumen en Argentina tenés la total libertad para decir, escribir y publicar lo que pensás sin que nadie te lo prohíba antes, pero debés responder ante la ley si después esos dichos causan un daño injustificado, promueven un odio o violan los derechos de los demás”.
