Un relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advierte sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares. Germán Romero, director del organismo, explicó en diálogo con Nord24 los principales resultados de la cuarta edición del informe, correspondiente a agosto de 2026.
Según el estudio, el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda, una proporción similar a la observada en mediciones anteriores. Sin embargo, el IETSE señala que detrás de esa estabilidad porcentual se produjo un cambio significativo en las condiciones del endeudamiento: el 28,4% de los hogares endeudados acumula más de tres obligaciones, frente al 23,5% de marzo de 2026, mientras que los hogares con una sola deuda descendieron al 10,8%, desde el 14,7% registrado en marzo.
La morosidad constituye uno de los principales indicadores de deterioro. El informe establece que el 88,9% de las deudas relevadas se encuentra impaga o incumplida, mientras que el 41,3% está en instancia judicial. A su vez, el 17,2% de los hogares registra embargos sobre salarios, bienes o cuentas bancarias. En paralelo, el 44% destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas, porcentaje que era del 38% en marzo de este año.
El relevamiento también destaca que casi la mitad de las obligaciones , el 49,3%, no puede identificarse directamente a partir de la información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que corresponde a alquileres, fiado en comercios, impuestos, servicios, préstamos informales y otras deudas. Además, el 62,5% del uso de las tarjetas de crédito se destina a la compra de alimentos, mientras que el 47,5% de los hogares considera que no podrá afrontar todas sus deudas.
Desde el IETSE sostienen que estos indicadores configuran un escenario de sobreendeudamiento que excede la dimensión estrictamente financiera y repercute sobre el consumo, los ingresos disponibles y la estabilidad económica de las familias. El organismo plantea la necesidad de abordar la problemática mediante una estrategia integral que contemple ingresos, tarifas, condiciones de acceso al crédito, refinanciaciones, regulación del crédito informal y mecanismos de regularización de deudas.
