Silvana Lagraña, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCI), analizó para Nord24 los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el INDEC y sostuvo que, si bien reflejan una desaceleración de la inflación, esa tendencia no se traduce en una mejora concreta para las familias argentinas.
Según señaló, los indicadores deben interpretarse dentro de un contexto más amplio que contemple la situación de los hogares, los comerciantes y las pequeñas y medianas empresas.
Lagraña afirmó que continúa profundizándose la caída del consumo y que muchas familias se ven obligadas a sustituir o eliminar bienes esenciales de su canasta diaria. Como ejemplo, mencionó la disminución histórica en el consumo de carne y leche, fenómeno que atribuyó al deterioro sostenido del poder adquisitivo. En ese sentido, remarcó que los ingresos, jubilaciones y transferencias sociales registran aumentos inferiores a la evolución acumulada de los precios, lo que dificulta superar situaciones de pobreza e indigencia.
La referente de ISEPCI también advirtió sobre el fuerte impacto que tienen en los presupuestos familiares los incrementos en tarifas de servicios públicos, transporte, alquileres, combustibles y comunicaciones. A ello se suma, según indicó, un creciente nivel de endeudamiento de los hogares, que recurren cada vez más a créditos y préstamos para afrontar gastos corrientes y llegar a fin de mes.
Asimismo, cuestionó los métodos de medición oficiales por considerar que se centran exclusivamente en los ingresos y no contemplan los cambios en los hábitos de consumo ni otros factores que afectan la calidad de vida. En ese marco, propuso avanzar hacia indicadores multidimensionales que permitan reflejar con mayor precisión la realidad social y económica de las familias.
Por último, Lagraña destacó que las dificultades también alcanzan a comerciantes y pymes, que enfrentan una combinación de caída de ventas, aumento de costos operativos y competencia con productos importados. Según explicó, esta situación impacta negativamente en la generación de empleo formal y refuerza la necesidad de implementar políticas de apoyo a la producción, incentivos para las pequeñas empresas y medidas orientadas a fortalecer el mercado laboral.
